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Cumplimiento e investigaciones


Que es el Lavado de Activos. 


El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.


Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos. No es el único: el LA también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las  redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, la corrupción administrativa, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas.


Entre los riesgos que involucra el lavado de activos destacan los:


  • Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
  • Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
  • Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
  • Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.

Que es el financiamiento del terrorismo?


¿Cómo se previene el lavado de activos?


Estándares internacionales

A nivel mundial existe consenso respecto de que el combate contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) requiere de instrumentos e instituciones que coordinen los esfuerzos globales en este ámbito. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocido como un actor clave para tales propósitos, es un grupo intergubernamental que establece estándares, desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFI está integrado por 36 miembros: 34 países y 2 organizaciones internacionales y, además cuenta con 27 observadores  entre grupos regionales e internacionales. Sus principales funciones son:

  • Establecer estándares para el combate de LA/FT;
  • Asegurar su implementación en los países miembros;
  • Estudiar las técnicas y tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y
  • Realizar actividades de asistencia destinadas a divulgar los estándares recomendados en todo el mundo.


El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.


Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida.


El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional, al que pertenecen las 34 economías más desarrolladas del mundo y que fija pautas para prevenir el LA/FT- recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos. Asimismo, sugiere que las Recomendaciones  diseñadas por el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo sean el marco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos.


Los inversionistas de hoy se enfrentan a una miríada de desafíos, incluidas las restricciones a los préstamos de bancos extranjeros a compañías en ciertas jurisdicciones, la deuda en dificultades y la creciente complejidad de la regulación de los servicios financieros en todo el mundo. Con la mayoría de las transacciones financieras que involucran a compañías globales que requieren ejecución en más de una jurisdicción, y los requisitos de las leyes locales que presentan desafíos que pueden afectar significativamente el valor del acuerdo, es crucial que sus abogados puedan navegarlos a través de este complejo entorno. MERCANTIL está excepcionalmente bien posicionado para hacer esto.


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La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.


A nivel internacional, tales herramientas incluyen legislaciones que tipifican el LA como delito; facultades para que los organismos competentes puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito; y sistemas para el intercambio de información con agencias similares de otros países, entre otros instrumentos.


Los programas desarrollados por los gobiernos consideran como un aspecto clave para la prevención del lavado de activos la inclusión de todos los actores relevantes para la puesta en marcha de programas nacionales de lucha contra el LA, ámbito en el que el área privada juega un rol fundamental.


A ello se suma el seguimiento y evaluación de los sistemas preventivos de los países contrastándolos con estándares internacionales. En ese marco se insertan las evaluaciones mutuas conducidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los organismos regionales adheridos a él, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), al que pertenece la República Dominicana; además de evaluaciones desarrolladas por  el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.


En abril de 1990, el GAFI publicó un informe que contiene un conjunto de 40 Recomendaciones, que proporcionan un amplio plan de medidas necesarias para luchar contra el LA. Posteriormente, en octubre de 2001, publicó las Nueve Recomendaciones Especiales para hacer frente al financiamiento terrorista.


Las 40 + 9 Recomendaciones proporcionan un esquema de medidas ampliado, global y coherente para combatir ambos delitos. Estas recomendaciones han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como los estándares internacionales que deben aplicarse. En Febrero del 2012, las Recomendaciones fueron revisadas y desde entonces son sólo 40 Recomendaciones.


El GAFI reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes y que no todos pueden tomar medidas idénticas para alcanzar el objetivo común. Por ello, las recomendaciones establecen patrones mínimos de acuerdo a las circunstancias particulares y esquemas constitucionales de cada país, así como también los estándares que deben implementarse en los sistemas penales y normativos, las medidas preventivas que deben incorporar las instituciones financieras, otras profesiones y actividades, junto con la cooperación internacional.


En diciembre de 2000 fue creado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para prevenir el LA/FT, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos delitos y la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. GAFILAT fue creado a semejanza del GAFI: adhiere a las 40 Recomendaciones y prevé el desarrollo de recomendaciones propias de mejora de las políticas nacionales para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.